Los propietarios están obligados a renovar el contrato, aunque no quieran, en todos estos casos

La reciente modificación en la legislación de alquileres impone nuevas obligaciones a los
propietarios en materia de renovación contractual.

Cambia la ley de alquileres: los propietarios están obligados a renovar el contrato, aunque no
quieran, en todos estos casos.

Implicaciones para propietarios e inquilinos

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España ha experimentado cambios significativos
que afectan tanto a inquilinos como a propietarios. Estas modificaciones buscan equilibrar la
relación contractual y ofrecer mayor estabilidad a los arrendatarios. Una de las novedades más
destacadas es la obligación impuesta a los propietarios de renovar el contrato de alquiler en
determinadas circunstancias, incluso si no es su deseo.

Estas reformas responden a la creciente preocupación por la accesibilidad y estabilidad en el
mercado de alquileres, especialmente en zonas tensionadas donde los precios han aumentado
considerablemente en los últimos años. Conocer en detalle estas obligaciones es esencial para
ambas partes, ya que el incumplimiento puede acarrear sanciones y conflictos legales.

Prórroga obligatoria del contrato de alquiler

Según la LAU, si el contrato de alquiler tiene una duración inferior a cinco años (o siete años si
el arrendador es una persona jurídica), el inquilino tiene derecho a prorrogarlo anualmente
hasta alcanzar esos plazos, salvo que manifieste su intención de no renovarlo con al menos 30
días de antelación al vencimiento. Esto implica que el propietario está obligado a aceptar estas
prórrogas, aunque no desee continuar con el arrendamiento.

Además, una vez alcanzados los cinco o siete años, si ninguna de las partes notifica su
intención de no renovar con la antelación requerida, el contrato se prorrogará
automáticamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más. Durante este
período, el propietario no puede negarse a la renovación, salvo en casos específicos
contemplados por la ley.

Excepciones a la prórroga obligatoria

Existen situaciones en las que el propietario puede negarse a renovar el contrato, incluso
dentro de los plazos mencionados. Una de ellas es la necesidad de la vivienda para uso propio
o de familiares en primer grado. Para ejercer este derecho, el arrendador debe comunicarlo al
inquilino con al menos dos meses de antelación al vencimiento del contrato.

Es importante destacar que, si transcurren tres meses desde la extinción del contrato y la
vivienda no ha sido ocupada por el propietario o sus familiares, el inquilino puede optar por
regresar al inmueble o ser indemnizado por los gastos de desalojo.

Otra excepción se da en casos de incumplimiento contractual por parte del inquilino, como el
impago de rentas o la realización de actividades ilícitas en la vivienda. En estas situaciones, el
propietario puede iniciar acciones legales para recuperar la posesión del inmueble sin estar
obligado a renovar el contrato.